¿Qué significa “exceso” en la legítima defensa? ¿Cuánto es mucho? ¿Hay una mínima defensa? ¿Qué pasa después? ¿Cómo responde un Estado que no garantiza a las mujeres una vida libre de violencia?
La primera vez que escuché el término “exceso en la legítima defensa” fue en 2013 durante el proceso de Yakiri Rubio, quien fue secuestrada y violada por un par de hermanos en la colonia Doctores. Cuando vio la oportunidad de escapar, uno de sus agresores intentó detenerla pero ella se defendió hiriéndole en la yugular, lo que acabó con su vida.
Así como Yakiri también existen otras mujeres: María Guadalupe Pereda en Ciudad Juárez, Roxana Ruiz en Neza, Yuridia Brito Mascorro en Tlalnepantla y muchas otras cuyos nombres desconocemos. Todas mujeres que, en medio de un ataque que ponía en peligro sus vidas, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para ponerse a salvo.
Todas han sido castigadas por el sistema judicial y carcelario, por los medios de comunicación y la sociedad. La autodefensa de las mujeres se castiga con mano dura y el mensaje es claro: “No te vamos a proteger, pero te castigaremos si respondes ante un ataque”.
Pero ¿qué implica?
Entran en juego ideas patriarcales sobre cómo debe comportarse una mujer y cómo debe ser una “buena víctima”: alguien que no puede utilizar la violencia para responder ante una agresión. Aunque a ellas se les ha juzgado , no ha sido la misma respuesta hacia sus agresores y la violencia que ejercieron.
Estas mujeres han tenido procesos plagados de irregularidades y revictimización, procesos de meses, incluso años, de cárcel, antes de que una defensa competente tome su caso y demuestre que es necesaria la perspectiva de género para analizar lo ocurrido; que había un historial de violencia previa; que hubo ataques sexuales; que las víctimas se encontraban en estado de shock y/o que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para defender su vida e integridad.
Estos procesos significan un desgaste emocional, económico y físico enorme, no sólo para ellas sino para sus familias y sus acompañantes. Está documentado que hay mujeres que defendieron su vida y hoy tienen sentencias de 30 años por haber matado a sus agresores. Durante ese tiempo, son sus redes de apoyo las que ponen sus recursos y tiempo para que estos casos sean escuchados y visibles. El feminismo construido en las periferias ha abrazado estos testimonios y se ha convertido en un contrapeso ante la impunidad del Estado. Nos parece fundamental la existencia de grupos como la asamblea vecinal Nos queremos vivas Neza.
Que se formen comunidades para aliviar la carga de las familias, que se dé acompañamiento en cada audiencia, que suenen los cantos y los tambores de mujeres rabiosas afuera de los juzgados, que las víctimas, sus hijes y familias no caminen solxs, porque todas merecemos vivir plenas y libres. Que entre tanto dolor sigamos apostando por organizarnos y cuidarnos entre nosotras.