México vive una terrible crisis de violencia hacia las mujeres, con 10 asesinadas al día. Según datos del INEGI, reportados por Animal Político*, de 2015 a 2018 fueron asesinadas 12,378 mujeres y sólo el 3% de estos casos tuvo una sentencia condenatoria.

Ante este contexto, el movimiento amplio de mujeres y feminista se ha movilizado de muchas maneras en una gran cantidad de espacios. Colectivas estudiantiles, asambleas de vecinas y diversas organizaciones han logrado convocar protestas, incidir con tomadorxs de decisiones, acompañar a las víctimas y generar programas para la prevención y atención de la violencia.

En este gran universo de feministas encontramos a quienes han decidido impulsar la tipificación de más delitos y el aumento de las penas en los existentes. A esta lógica de usar el sistema penal como herramienta para castigar la violación a nuestros derechos, como el derecho a una vida libre de violencias, y disuadir a las personas de hacerlo le llamamos feminismo punitivista.

El feminismo punitivista desde las iniciativas

Una de las iniciativas insignias es la del feminicidio, cuya genealogía es mayor a un simple trabajo legislativo; los estudios de caso, el análisis antropológico y sociológico a nivel nacional e internacional tuvieron especial relevancia en la problematización de una serie de violencias que culminaba en la muerte violenta de las mujeres, poniéndolas en la esfera pública como un problema grave y sistemático, incluso aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en el caso González y otras vs México con una sentencia condenatoria a realizar una serie de reparaciones, el panorama no cambió para la vida de las mujeres.

La tipificación del delito de feminicidio fue un siguiente paso que prometía conseguir justicia para la víctimas, un cese a la impunidad y una baja en la incidencia de estos delitos, pero, de nueva cuenta, la realidad nos hace saber que esto no funcionó así. Sin embargo, para muchas feministas, está tipificación representa la panacea para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

¿Qué nos orilla a pensar que un delito y la amenaza de una pena de prisión alta detendrá está violencia si el Estado aún sentenciado no es capaz de cumplir con lo requerido?

Más adelante, en 2021, entró en vigor la llamada Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas que castigan con penas de hasta 6 años de prisión a quien difunda imágenes o videos con contenido íntimo y sexual sin consentimiento. Esta iniciativa ha sido retomada por varios congresos locales en un intento de ser aliadxs de las mujeres y mostrar su compromiso con que existan consecuencias reales ante violaciones a los derechos de las mujeres.

Pero, ¿sabemos realmente la manera en que se realizan este tipo de violaciones? ¿Tienen los ministerios públicos o las diferentes agencias de atención e investigaciones las capacidades para comprenderlas?¿Para brindar una atención e investigación con perspectiva de género, análisis de contexto y libre de revictimización? No. Tan no lo tienen que, incluso desde la propia ley, se ha pretendido, en un afán paternalista, prohibir la práctica del sexting, generando pánico moral alrededor del ejercicio de la sexualidad.

Fuera de la utopía prometida

La realidad es que, en la Ciudad de México, la aplicación de la Ley Olimpia ha sido muy corta, pues reconocemos que los problemas estructurales con los que funciona el sistema de justicia son fundamentales para perpetuar el estatus quo de las desigualdades y las violencias en las que se sostiene el Estado.

Sabemos que la tipificación de más delitos no disuade la comisión de los mismos, por ello la pregunta inminente es si más personas en la cárcel repara el daño vivido por las víctimas o garantiza la no repetición.

Cuestionando propuestas

También, desde 2021, existe el Registro Público de Personas Agresores sexuales de la CDMX en línea, con evidentes fallas de diseño y de funcionamiento, pues no ofrece ningún tipo de información a la ciudadanía para gestionar lo que ahí se publica. Se pretende que sólo con hacer públicos los nombres de quienes tienen una condena por delitos sexuales, la tarea de prevención que le corresponde al Estado esté hecha. No existen, hasta hoy, herramientas efectivas para la prevención y reinserción social, ni se ofrece contexto alguno sobre la información que ahí se comparte, trasladando la responsabilidad a la ciudadanía. Esto hace evidente que la intención no es la prevención, sino imponer un castigo añadido a la pena.

Otro ejemplo de leyes feministas punitivistas es la iniciativa de tipificación de la gestación subrogada como trata de personas. Esta ley omite la agencia y autonomía de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que participan de esta actividad y las empuja, aún más, a la clandestinidad sin ningún tipo de garantía o derechos.

Esta propuesta también es esencialista y refuerza mitos sobre la maternidad y el instinto materno que nada tienen de feministas, como la idea de que una mujer que gesta, necesariamente generará un vínculo emocional con el producto.

Por otro lado, encontramos iniciativas que responden a un populismo legislativo, práctica donde se presentan iniciativas con temas de impacto social para atraer a más personas a votar por un partido político. Éstas no representan, en sí mismas, un avance sustancial para los derechos de las mujeres, ya que no garantizan acceso a la justicia o a la reparación del daño causado por la violencia y la desigualdad.

Las consecuencias del punitivismo

Hemos visto en meses recientes cómo se banalizan estos instrumentos. Vemos nombrar a la ley Olimpia para exigir castigo a una vlogger trans por enviar una foto en pijama, o pedir castigo penal a un artista por publicar una conversación de whatsapp con su ex novia, que también es una artista reconocida.

Más allá del escándalo en redes y revistas de espectáculos, nos parece preocupante la narrativa generada alrededor de estas leyes. Es inquietante la creencia de que es posible castigar el disenso político o personal con denuncias, tribunales y cárcel.

Habría que hacer un alto en el camino y preguntarnos: ¿Qué estamos pensando como justicia? ¿Cómo imaginamos la reparación del daño?

Es preciso señalar que estas leyes vienen de un feminismo que coloca las soluciones en el Estado y sus instituciones. Intenta solucionar judicializando y no trabajando en la prevención, sin acercarse directamente a la comunidad para transformar la vida de quienes se ven afectadas por la violencia. Nos alerta que estas propuestas vayan en contra de la autonomía y busquen arrebatar nuestra agencia; que se enfoquen en controlar la sexualidad, derechos reproductivos y formas de subsistencia.

Sabemos que gran parte de estas iniciativas vienen de feministas partidistas. Sus motivaciones políticas van más de la mano de su partido y nombrarse feministas se ha vuelto estratégico. Los genuinos intereses de las mujeres y otras personas que viven violencia basada en género no suelen ser prioridad. Entonces, ¿por qué seguimos jugando a este juego con ellas?

Si no es el feminismo punitivista, ¿hacia dónde vamos?

Sabemos que la cárcel no soluciona nada y empeora bastante más las violencias día a día, nos cuestionamos por qué seguimos apostando todos nuestros esfuerzos a prácticas punitivas patriarcales que recaen dentro de la misma institución que es fuente de violencia, sabemos que el derecho penal y el punitivismo no transforman la realidad y no construyen el mundo que queremos.

Si no queremos más iniciativas punitivistas, ¿qué sí queremos? Queremos un mundo en donde las víctimas estén en el centro, que sean escuchadas y sus necesidades de reparación puestas en marcha. Deseamos que el foco esté colocado en la prevención, la educación, la justicia económica y social.

Anhelamos un mundo en donde las soluciones que emanan del feminismo vayan más allá de las cárceles, penas más duras, castigos más fuertes, exposición de los agresores e imposibilidad de reinserción. Sabemos que estas penas afectan más a grupos específicos de raza y clase, que la justicia es de quien la puede pagar.

Sabemos que hay un largo camino por delante para encontrar otras soluciones y formas de atender la violencia, pero seguir el camino trazado por este tipo de iniciativas (que buscan ser un paliativo ante la violencia y no cuestionar o enfocarse en los problemas estructurales que permiten estos contextos) puede que nos lleve a problemas mayores.